Publicado en periódico Tetuán 30 días: http://www.tetuan30dias.es/tetuan30dias_noticia_detalle.php?id=1280
Fotos: Miguel Capapey
Centenares de personas participaron el pasado 14 de diciembre en una
manifestación que discurrió por la avenida de Asturias. Durante el
itinerario mostraron su indignación por la venta de 3.000 viviendas del
Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a la empresa Azora. De ellas,
en La Ventilla
están localizadas 157, en tres bloques de las calles de Cedros, Rosario
Romero y San Aquilino. La transacción público-privada fue realizada
durante el verano y las familias afectadas conocieron la noticia
mediante una carta recibida a principios de octubre. La carta emitida
por Encasa-Cibeles, la empresa pantalla utilizada por Azora y el fondo
de inversiones Goldman Sachs para gestionar la compra, precedió a la que
recibieron semanas más tarde, esta vez sí del Ivima, en la que se
confirmaba la venta: las viviendas ya no eran propiedad del 0rganismo
público.
La manifestación discurrió entre gritos, pitos y pancartas. Recorrió la
avenida hasta concluir simbólicamente en la Plaza del Movimiento
Vecinal. Entre las personas que se manifestaban se encontraban también
familias afectadas de Valdecarros y de Majadahonda, que exigían una
explicación; por ejemplo, Miriam declaraba: “Queremos saber por qué lo
han vendido”. Nordín, otro de los vecinos afectados, mostraba suspicacia
por la operación realizada: “Si el Ivima ha decidido vender la
vivienda, ¿por qué no la ha vendido a los adjudicatarios directamente?
Le podía haber sacado más beneficio”. Carmen, por su parte, tiene claro
que la oferta realizada por Azora a los afectados con opción a compra es
“un simulacro, porque los bancos no te dan dinero, porque somos muy
mayores o porque estás en paro”. La manifestación gozó de cierto interés
mediático y ese día aparecieron secuencias de la manifestación en dos
canales de televisión. También, a día de hoy, existe un flujo de
información significativo en las redes sociales, a cargo de personas
afectadas y de dos plataformas: la Plataforma de Afectados por la
Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Sin garantías de prórroga
En esta ocasión, le tocó a La Ventilla liderar el movimiento de
protesta, y la razón es evidente: el 12 de enero finaliza el contrato
que algunas de las familias del barrio firmaron con el Ivima, y en esta
nueva situación no existe un marco que garantice la prórroga de las
condiciones. La urgencia, por tanto, es mayúscula, ya que la nueva
propietaria Encasa-Cibeles no tiene la obligación de mantener las
condiciones pactadas inicialmente por el Ivima, y los vecinos
manifiestan no querer hacer frente al alza de las condiciones. La
posibilidad de verse sin la vivienda les aterra y, por extensión, otras
familias también en promociones del Ivima observan inquietas el destino
de sus vecinos.
En la calle de San Aquilino se alza un bloque de ladrillos de colores
claros y líneas rectas. Sólo algunos elementos del portal, como las
puertas o los interfonos, por ejemplo, advierten de que es una de las
promociones del Ivima de los últimos años. En su interior hay un patio
alargado hasta llegar a la puerta donde se encuentra el ascensor y las
escaleras. Dos de las vecinas del inmueble, Laura y Vanesa, han sido
recientemente madres y ahora están volcadas en la crianza de sus hijos.
La primera está satisfecha con las últimas noticias, ya que la empresa
le garantiza el mantenimiento de las condiciones de su contrato. La
segunda, sin embargo, se muestra disconforme pues había estado
tramitando una ayuda para que el alquiler le fuera rebajado, cumplía
todos los requisitos y el cambio de titularidad de la propiedad le ha
dejado con “la miel en los labios”.
Incertidumbre vecinal
La Ventilla es, con diferencia, el barrio que tiene una proporción más
elevada de vivienda pública en Tetuán, en su mayoría derivada del
proceso de remodelación iniciado en los años 80 y finalizado en los
últimos años. Más de 2.300 viviendas fueron destinadas a realojar a las
familias que residían en la zona. Con el suelo liberado por el proceso
urbanístico se construyeron otras 2.300 viviendas y servicios en suelo
público. Algunas de éstas fueron destinadas al Plan de Vivienda Joven
del Ivima, dirigido a posibilitar el acceso a la vivienda del colectivo
de jóvenes de la región. Con la reciente venta de estas 3.000 viviendas y
la puesta en venta de otras 1.500 –aunque ésta quedara desierta
finalmente–, sumado a la rapidez de los acontecimientos, el vecindario
se empieza a mostrar preocupado; observa cómo las administraciones
venden el patrimonio común, que no volverá a ser público.
Quedan muchas preguntas en el aire, hay pocas certezas, pero una de
ellas es que la Administración no ha vendido las casas a una empresa
filantrópica, es decir, interesada en el beneficio común. En el otro
lado de la balanza el vecindario sigue organizándose; ya tiene
experiencia.
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