Gobierno de Madrid vende tres mil viviendas públicas a empresas privadas que ahora piden más del doble a las familias que fueron adjudicatarias

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, en manos del derechista Partido Popular, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), ha vendido 3000 viviendas de protección pública construidas con dinero público y que fueron adjudicado mediante sorteo público a familias humildes que debían demostrar varios requisitos, a empresas privadas de fondos de inversión con un claro ánimo de lucro. Estas viviendas están distribuidas en 11 municipios de la región de Madrid.

Para poder hacer la venta, el Gobierno regional modificó las condiciones que firmaron en su día estos vecinos. Y ahora, los precios de venta fijados son desorbitados y muchos vecinos no saben si podrán continuar viviendo en sus casas.

La empresa más beneficiada es Azora, firma inmobiliaria española que gestiona fondos de Goldman Sachs. Aunque parezca una broma no lo es. El Gobierno del Partido Popular, que debería gestionar lo público, lo que hace es entregar las viviendas públicas, construidas con dinero público en suelo público a empresas especuladoras dejando en manos de la empresa privada los hogares de decenas de miles de personas.

La Comunidad de Madrid ha vendido las 3 mil viviendas por 201 millones de euros. Es decir, el precio medio de cada vivienda le sale a la empresa privada por 67.000€, una auténtica ganga, ya que ahora la empresa vende cada vivienda por más del doble de ese precio. Negocio redondo a base de la venta del patrimonio público.

Por todo esto, cientos de personas salieron a manifestarse el sábado, 14 de diciembre Allí estuvo nuestro compañero Ramón Ferrer, de Radio Almenara.

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Huelga de limpieza y jardines en Madrid: en juego 1400 despidos y bajadas de sueldo a 600 €/mes

Continúa la Huelga de limpieza y jardines en Madrid. Los sindicatos siguen intentando que las empresas concesionarias –que son las grandes constructoras del país- acepten un acuerdo para desbloquear la huelga indefinida que está siendo seguida por más del 90% de los seis mil trabajadores. Éstos exigen la retirada de sendos expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados por tres de las cuatro empresas adjudicatarias de la limpieza madrileña: Ascan (del grupo OHL), Servicios Ciudadanos (de Fomento de Construcciones y Contratas FCC) y Valoriza (de Sacyr Vallehermoso) para despedir a un total de 1.400 trabajadores.

Los sindicatos han propuesto medidas alternativas al despido, como jubilaciones adelantadas, cobrando la totalidad de la prestación, o por medio de bajas, pero de momento las empresas se niegan y el Ayuntamiento de Madrid hace como si el conflicto no fuera con el consistorio, al que los sindicatos señalan como el principal responsable. A los despidos, las empresas reclaman una reducción del sueldo. Como señala José Manuel, barrendero de Madrid, ya venían trabajando por mil euros y con la rebaja, el ayuntamiento y las empresas quieren que trabajen limpiando las calles por 600 euros al mes. En comparación, la alcaldesa Ana Botella, y después de que el Gobierno la rebajara en más de 20 mil euros anuales, cobra cada mes unos seis mil euros, diez veces más.

Mientras, los trabajadores dicen que seguirán indefinidamente con la huelga, cumpliendo los servicios mínimos que ha impuesto el Ayuntamiento, del 40%, y que consideran abusivos.

Para tener más información del conflicto laboral los barrenderos están presentes en las redes sociales, en twitter: @barrenderosmad y el Facebook Barrenderos de Madrid.

Nuestro compañero Ramón Ferrer, de Radio Almenara, de Madrid, nos ofrece la entrevista con José Manuel, barrendero de Madrid.

Madrid: alumnos, padres y madres en defensa de su Instituto Público de Educación Secundaria

26 de noviembre de 2008
El martes 25 de noviembre se celebró en Madrid una manifestación pacífica ante el Instituto de enseñanza secundaria Mirasierra, en el distrito de Fuencarral El Pardo. Madres, padres, y alumnado protestaban contra la ubicación de la nueva parada de metro en donde ahora está uno de los edificios del centro público. El próximo año comenzarían las obras, interrumpiendo el ciclo de estudios. Según los afectados las clases tendrían que trasladarse a otra ubicación durante más de un año. Estos hechos afectarían a la educación y a la matriculación del centro educativo público de Mirasierra, una zona de Madrid con abundante oferta de centros concertados y privados. Para la Asociación de Madres y Padres, este hecho puede hacer que se produzca un éxodo de la educación pública a la privada provocada por la política del Gobierno regional, en manos del conservador Partido Popular.
La manifestación, en definitiva, es el compromiso de alumnos, padres y madres por defender la educación pública. Los compañeros de Radio Almenara, en Madrid, estuvieron en la protesta y conversaron con la portavoz de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.